Bolivia: Homenaje al 25 de Mayo

Carlos Hugo Laruta Bustillos
chlaruta@hotmail.com

Algunos líderes políticos y dirigentes sociales quisieran borrar de la historia de Bolivia la presencia de mestizos y blancos para inventarse una historia de solo indígenas, pero chocarían con la realidad de la misma historia y de la vida.

En La Paz estamos viviendo muy fuertemente el bicentenario del grito libertario de julio de 1809 y la muerte de sus impulsores, entre ellos un hombre que no fue indígena y que se llamó Pedro Domingo Murillo, que entregó su vida por esta causa nacional. Y en Sucre, también se vive el bicentenario del grito libertario del 25 de mayo del mismo año, que en términos de tiempo, fue unos meses previo al de La Paz, aunque se sabe que estuvieron conectados y fueron parte del mismo sentimiento de mestizos, criollos y –aquellos años- una proporción pequeña de indígenas, que sintieron que los tiempos habían llegado para liberarse del control de la corona española.

Una última campaña de spots de televisión, muy astutamente, reivindica el rostro de varios de los llamados protomártires de la independencia, donde destaca a Juana Azurduy de Padilla, esposa de Manuel Ascencio Padilla, y capitana de las tropas patriotas en una parte de Chuquisaca. Pero esta campaña, suena poco veraz cuando se la relaciona con los discursos y las acciones para excluir del discurso político, del respeto ciudadano y de la participación democrática, a grandes proporciones de mestizos y blancos que viven masivamente hoy en las ciudades del sur y oriente de Bolivia. El spot hace un uso instrumental de los nombres de los protomártires, tratando de ocultar su origen étnico para no reconocer que su sangre también contribuyó al nacimiento de la nación en agosto de 1825, nación que hoy nos acoge a todos los que deseamos vivir en esta tierra.

Y, claro, los protomártires fueron hombres y mujeres marcados por las luces y sombras de su propia época. Recordemos que para 1809 se vivían los últimos días de la época Colonial y aún resonaban los ecos de los levantamientos indígenas, entre ellos el de Tupaj Katari, con mucha violencia en sus acciones y en la respuesta de los españoles. Fueron los aires de intolerancia total de aquellos difíciles años, que no deben repetirse hoy, cuando vivimos en democracia.

Así como debe recordarse y valorarse el aporte de los líderes indígenas a la fundación de Bolivia, este 25 de mayo hay que recordar a estos hombres y mujeres blancos y mestizos como Mariano Serrano, Bernardo Monteagudo, Jaime Zudáñez, José Alzérreca, Mariana Zudáñez, Manuel Ruiz, Joaquin Lemoine, Mariano Michel, la propia Juana Azurduy e incluso al famoso afrodescendiente Francisco Ríos conocido como Quitacapas, quien se convirtió en líder de las masas populares urbanas los días posteriores al 25 de mayo en Sucre.

La patria común que hoy tenemos, Bolivia, nació por el impulso y el sacrificio de muchos hombre y mujeres, y hoy, en 2009, todos –cualquiera sea nuestro origen étnico- somos herederos del derecho pleno de ser parte de esta nación sin subordinaciones odiosas, en un marco de respeto y pleno acceso a oportunidades económicas y sociales que fortalezcan nuestra condición de ciudadanos de una misma nación.

Bolivia: Desclasificar la Verdad

Declaración de la familia de Marcelo Quiroga Santa Cruz

DESCLASIFICAR LA VERDAD

Han pasado casi treinta años del asesinato y desaparición de Marcelo Quiroga Santa Cruz sin que se haya hecho justicia.

Desde hace once años llevamos adelante una acción legal para establecer la verdad de los hechos, sancionar a los responsables de estos gravísimos delitos –reconocidos universalmente y por la CPE vigente como de lesa humanidad y, por tanto imprescriptibles– y recuperar sus restos; la imposibilidad de avanzar en esta tarea se debe a la falta de compromiso del Estado boliviano para saldar esta deuda histórica.

Al iniciarse la actual gestión de gobierno solicitamos verbalmente y por escrito a las nuevas autoridades que contribuyan al esclarecimiento de la desaparición de Marcelo, sin que hasta hoy ni siquiera hayamos recibido una respuesta.

En diciembre de 2007 el juez a cargo del proceso dictó una sentencia en la que no existe proporcionalidad entre la sanción y la magnitud de los delitos cometidos ya que establece penas mínimas e incluso exculpa a varios de los procesados; el año pasado la Fiscal Teresa Vera solicitó la nulidad de obrados atendiendo a la solicitud de uno de los inculpados y sin contar con argumento válido alguno; hasta hoy ninguno de los imputados ha sido puesto bajo medidas cautelares, aunque existe riesgo de fuga; el 17 de julio de 2008 el Presidente de la República pidió a quienes tienen información sobre el paradero de los restos de Marcelo que la proporcionen ofreciendo a cambio que no se aplicará sanción alguna, contraviniendo así las normas legales vigentes y el más elemental principio de justicia; en agosto del año pasado entregamos al entonces Comandante de las Fuerzas Armadas, Gral. Trigo, una orden judicial para la desclasificación de información sobre los hechos de 1980, sin que hasta hoy se haya cumplido con esta obligación; en días pasados el Presidente de la República y funcionarios de su gobierno declararon que no existe ninguna documentación clasificada de las Fuerzas Armadas, cuando los familiares de las víctimas, los organismos de derechos humanos y el país entero tiene evidencia de su existencia y de su importancia para el avance de la investigación. Un extremo de esta conducta es la entrega, hace algunos años, de la Medalla al Mérito Democrático Marcelo Quiroga Santa Cruz instituida por el Congreso Nacional a las Fuerzas Armadas, desconociendo la responsabilidad de esa institución en su asesinato y desaparición. Todos estos hechos muestran la falta de responsabilidad y voluntad política de las distintas instituciones del Estado para cumplir con su obligación de establecer justicia y recuperar los restos de Marcelo.

Nos llama profundamente la atención que el Gobierno recupere el nombre de Marcelo Quiroga Santa Cruz para nominar la ley anticorrupción y otros proyectos, pero que no honre su memoria cumpliendo con la obligación de facilitar la información necesaria para aclarar las circunstancias de su asesinato y desaparición y recuperar sus restos.

Tampoco comprendemos que el Gobierno se rehúse a la desclasificación de información de las Fuerzas Armadas cuando otros países latinoamericanos, en el marco de los tratados interamericanos que definen la necesidad de esclarecer la desaparición forzosa, han dispuesto la apertura de archivos clasificados de las Fuerzas Armadas, como Argentina, Brasil y Guatemala.

Por todo lo señalado exigimos al Poder Ejecutivo, a las Fuerzas Armadas, al Ministerio Público, al Poder Judicial y al Poder Legislativo que cumplan las normas legales vigentes y los convenios internacionales para conocer la verdad de los hechos ocurridos en julio de 1980 y recuperar los restos de Marcelo Quiroga Santa Cruz y de Carlos Flores Bedregal.

El Estado boliviano tiene una deuda con el país, resolverla asumiendo su responsabilidad en el total esclarecimiento de estos graves delitos es una condición necesaria para avanzar en la construcción de una sociedad más justa, plural y democrática.

La Paz, 19 de mayo de 2009

Cristina Trigo de Quiroga Santa Cruz

María Soledad Quiroga Trigo

Rodrigo Quiroga Trigo

BOLIVIA: Tortura impune

Gonzalo Rodríguez Amurrio
rodriguez.go@gmail.com

La reciente manifestación de dirigentes de la CIDOB en sentido de que la justicia ordinaria no podrá juzgar a quienes flagelaron al dirigente indígena Marcial Fabricano, revela una vez más, las contradicciones de las que está plagada la Nueva Constitución Política del Estado (NCPE) y por ende, la facilidad con que pueden afectarse los derechos humanos (DD.HH.) y la posibilidad de que tales agresiones de lesa humanidad campeen en la impunidad.

A su turno, el silencio e inacción gubernamental al respecto no solo denota complicidad, sino revela también que hubo impostura: pretendieron mostrarse como promotores de los DD.HH. vía ampliación del catálogo de derechos constitucionales de las personas y, a la par, mediante el reconocimiento de otra justicia paralela: jurisdicción indígena originaria campesina, permiten interpretaciones particulares en algunas poblaciones, como si tuvieran luz verde para no observar entre otros el derecho a la integridad física de las personas.

Podrá decirse que lo ocurrido no es una expresión de la jurisdicción indígena originaria campesina porque aún no existe la Ley de Deslinde Jurisdiccional, que fue un hecho aislado, en fin; pero no se puede negar que tal acto se basa en la esencia de tal pregonada justicia: el derecho consuetudinario, es decir en usos y costumbres en las cuales se muestra – como en el presente caso – que el tormento físico como castigo le resulta inherente.

Este último aspecto es tan evidente que, quienes fungen de teóricos o asesores del gobierno, no dudan en expresar, en algunos eventos, que por ejemplo los latigazos no son dañinos sino liberadores del alma mala; que es una forma de exorcizar y hacerle un bien a la víctima; buscando incluso encontrar respaldo en alguna jurisprudencia de la justicia colombiana.

Pero, lo ocurrido ya tiene y tendrá profundas connotaciones tanto jurídicas como políticas y esto resulta pertinente analizar.

El atropello a los DD.HH. que se cometió en la persona de Fabricano, no solo tiene connotaciones penales que podrían oscilar entre lesiones gravísimas e intento de asesinato, sino y más grave aún resultan para una sociedad que se identifica con la democracia, las connotaciones políticas de tal hecho, y que no deben quedar invisibilizadas, pues – por los móviles – lo que sería un crimen común se trastoca en un crimen político.

Los móviles para tan brutal castigo son conocidos por todos y ratifican tal relación política del castigo, y siendo rigurosos ello inevitablemente lo ubica dentro la figura de tortura, la misma que se halla expresamente prohibida por la constitución.

Hasta el diccionario más básico define a la tortura como tormento físico al que es sometida una persona y, precisamente eso se hizo con Fabricano.

En la época medieval en que tuvo extensa aplicación la tortura, se la usaba para que los/las torturados/as confiesen sus culpas y/o expíen las mismas, así como, colateralmente se deje un precedente en la sociedad para que las otras personas “se cuiden”.

En las dictaduras en Bolivia, el propósito de las torturas eran el de obtener información y sentar un escarmiento “aleccionador”, y no siempre era obra de organismos estatales, sino de grupos irregulares que los conocimos como “paramilitares”.

En el presente caso, si bien no interesaba hacer confesar nada, pero está claro que el escarmiento político es el mensaje que pretenden – en definitiva – quienes actuaron de verdugos.

Y siendo tortura lo que se aplicó a Fabricano era y es obligación del gobierno actuar con claridad y firmeza para deslindar responsabilidad con tal hecho, pero la población toda es testigo de sus dubitaciones al respecto, pese a que el Artículo 15 de la NCPE prohíbe la tortura, provenga del ámbito público o privado, y que es obligación del Estado adoptar las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar tal violencia.

¿Honrará este precepto constitucional el gobierno actual? Lo que puede tenerse por seguro, es que quienes de veras consideramos como valor supremo los derechos humanos, no podemos callar ni dejar de actuar donde nos sea posible para que la tortura en Bolivia no quede impune.

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